Robo de mercadería en tránsito no es caso fortuito

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5 de abril de 2021


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Robo de mercadería en tránsito no es caso fortuito


Sentencia de CASACIÓN N° 3933- 2017 CALLAO por obligación de dar suma de dinero

Compañía de Seguros pide, vía subrogación, el recobro de pago de siniestro que abonó por pérdida de mercadería que no fue entregada por el transportador en el almacén del destinatario.

El transportista alegó exoneración por incumplimiento aduciendo que el evento fue un caso fortuito, pero el robo de mercadería del camión que transportaba al almacén, no se puede considerar como eximente del cumplimiento de la obligación.

Fundada la demanda.

“…se concluye la responsabilidad de (la almacenera) IMUPESA en el cumplimiento defectuoso de sus obligaciones del transporte, en el cuidado y custodia de la mercancía desde que es recibida desde su almacén al almacén de Ripley y, que las circunstancias de la desaparición del camión y del semi remolque que contenía la mercancía, no constituye en caso alguno un supuesto de caso fortuito…”

“…en los casos que el transporte de  mercaderías se haya efectuado bajo la modalidad de embarque  FCL/FCL, la responsabilidad del transportista se extiende hasta la  entrega del cargamento en las instalaciones del consignatario. Como premisa menor indica que los demandados transportaron el cargamento bajo la modalidad de embarque FCL/FCL y, en virtud a ello, concluye que la responsabilidad de los demandados se  extiende hasta la entrega de la mercancía en el almacén del  consignatario…”

“…la decisión adoptada por la Sala Civil Permanente del Callao ha sido sustentada esencialmente en base a las siguientes razones:

- Ha quedado acreditado que el transporte se efectuó conforme al término FCL/FCL lo que importa una cláusula contractual que significa que la custodia de la carga por el transportista se extiende hasta el almacén del consignatario, constituyendo un transporte multimodal.

- Respecto a la responsabilidad solidaria de IMUPESA dado el transporte multimodal con los demás codemandados, ello tiene sustento en los artículos 600 y 603 del Código de Comercio, concordante con el artículo 1195 del Código Civil, pues éstas atribuyen el carácter solidario de la responsabilidad con el propietario, armador y capitán de la nave; en ese sentido se advierte de la denuncia policial de fojas treinta y ocho, que el empleado de IMUPESA reportó la desaparición del camión de Placa N° YD 2684 unidad que salió de la planta del Callao de la empresa IMUPESA acompañado de un vehículo de custodia, siendo dicha mercancía destinada a ser entregada en el almacén del consignatario –Ripley – ubicado en Villa El Salvador, siendo la empresa IMUPESA quien subcontrató a D&V para dicha fin, encontrándose acreditada la responsabilidad de IMUPESA. En virtud a lo expuesto precedentemente, es posible identificar un hilo argumentativo seguido por la Sala Superior para estimar la demanda…”

 

CASACIÓN N° 3933- 2017 CALLAO MATERIA: OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO

Motivación: El derecho a la motivación, consagrado expresamente en artículo 139, inciso 5, de la Carta Política, garantiza a las partes involucradas en la controversia el acceso a una respuesta del juzgador que se encuentre adecuadamente sustentada en argumentos que justifiquen lógica y razonablemente, en base a los hechos acreditados en el proceso y al derecho aplicable al caso, la decisión adoptada, y que, además, resulten congruentes con las pretensiones y alegaciones esgrimidas por aquellas dentro de la controversia.

Lima, veintiocho de junio de dos mil dieciocho.

LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; vista la causa N* 3933-2017, en audiencia pública realizada en la fecha y producida la votación correspondiente conforme a ley, emite la siguiente sentencia:

I. MATERIA DEL RECURSOViene a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de casación interpuesto por la demandada Inversiones Marítimas Universales Perú SA IMUPESA, a fojas mil doscientos cincuenta y ocho, contra la sentencia de vista de fecha veintiocho de abril de dos mil diecisiete, obrante a fojas mil doscientos veintiuno, corregida por resolución de fecha diecinueve de junio de dos mil diecisiete, obrante a fojas mil doscientos cincuenta y uno, que revoca la sentencia apelada de fecha seis de julio de dos mil quince, obrante a fojas mil ciento treinta y nueve, que declara infundada la demanda; y reformándola declara fundada la demanda de obligación de dar suma de dinero.

II. ANTECEDENTESPara analizar esta causa civil y verificar si se ha incurrido o no, en la infracción normativa denunciada, es necesario realizar las siguientes precisiones:

1. DEMANDA. Por escrito obrante a fojas sesenta y nueve, subsanada a fojas ciento treinta, MAPFRE PERU Compañía de Seguros y Reaseguros, interpone demanda de obligación de dar suma de dinero, en contra de las siguientes empresas: 1) AHRENKIEL CHRISTIAN F, GMBH & CO. KG; 2) AHRENKIEL SHIPMANAGEMENT GMBH & CO. KG; 3) FHH FONDS NR. 16 MS ANGUA GMBH & CO. GERMANY; 4) JAS FORWARDING WORLDWIDE; y 5) INVERSIONES MARÍTIMAS UNIVERSALES PERÚ S.A. IMUPESA; las cuatro primeras empresas en su calidad de propietarios, armadores y transportistas de la nave ANGLIA, representadas en el Perú por su agente marítimo TRASMERIDIAN S.A.C; con el propósito que el órgano jurisdiccional ordene que los demandados en forma solidaria cumplan con pagarle la suma de US$ 71,518.42 (setenta y un mil quinientos dieciocho 42/100 dólares americanos), más los intereses legales devengados y por devengarse, así como gastos, costas y costos del proceso. Para sustentar este petitorio, sostiene que su asegurada TIENDAS RIPLEY SA adquirió de Sinowin Asia Limited un cargamento de zapatos deportivos a un valor FOB de US$ 144,915.14, lo cuales fueron embarcados en buen orden y condición a bordo de la OOCL THAILAND y transbordados a la nave ANGLIA en el Puerto de Singapur para ser transportado al Puerto del Callao. El citado cargamento fue estibado en tres contenedores: NYKU6213152, ESCU 6661943 y TTNU 4694490 con un peso de 24,065.30 kilogramos; siendo el valor del flete la suma de US$ 12,450.00 dólares. Señala que al haberse consignado en el conocimiento de embarque el término FCL/FCL, la responsabilidad del transportista marítimo se extendió hasta los almacenes de su asegurado, de tal modo se encargó a IMUPESA la contratación del transporte terrestre hasta el almacén del asegurado, para tal efecto, IMUPESA subcontrató a TRANSPORTES D &V S.A.C. Al arribar la nave al puerto de destino, el cargamento fue manifestado y recepcionado en el terminal de almacenamiento de IMUPESA con un faltante de 705.30 kilos. Posteriormente se procedió al traslado de los contenedores de IMUPESA al almacén de su asegurada, contratando para ese transporte IMUPESA a Transportes D&V S.A.C; sin embargo al almacén solo llegaron dos de los tres contenedores, debido a la ocurrencia de robo del contenedor NYKU621315-2; cuya pérdida asciende a US$ 51,386.28. A dicho valor debe agregarse el valor proporcional del flete ascendente a la suma de US$ 4,414.77, más el pago de los derechos de aduanas en la suma de US$ 23,919.18; y el pago por concepto de pericia del ajustador de seguros; lo que suma US$ 80,970.92, de los cuales se indemnizó a su asegurada (Tiendas Ripley S.A.) la suma de US$ 71,518.42.

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDAPor escrito obrante a fojas ciento cuarenta y uno, el agente marítimo TRASMERIDIAN S.A.C. representante de las empresas AHRENKIEL, CHRISTIAN F, GMBH & CO KG; AHRENKIEL SHIPMANAGEMENT GMBH & CO. KG; FHH FONDS Nr. 16 MS ANGUA GMBH & CO. GERMANY y JAS FORWARDING WORLDWIDE, contesta la demanda señalando que es falso que por consignarse el término FCL/FCL asuma responsabilidad hasta los alcances del asegurado. Señala que la empresa D&V S.A.C. es la que debe responder al haberse realizado la pérdida del contenedor bajo su transporte; asimismo señala que conforme al Código de Comercio el demandante no hizo la protesta y el recibo de indemnización no consigna claramente quién recibe la indemnización por lo que no se habría dado la subrogación para que accione. A fojas ciento sesenta y seis, contesta la demanda la empresa Inversiones Marítimas Universales Perú S.A. IMUPESA, señalando que se ha verificado un supuesto de caso fortuito o fuerza mayor, por lo que no procede el pago reclamado.

3. PUNTOS CONTROVERTIDOS.  Por resolución número veintidós, de fecha dieciséis de marzo de dos mil nueve, se ha establecido como punto controvertido: Determinar si existe responsabilidad de las empresas demandadas en el robo del contenedor que se menciona en la demanda y si por ende procede o no que las empresas demandadas paguen solidariamente a favor de la demandante la suma de setenta y un mil quinientos dieciocho 42/100 Dólares Americanos (US$ 71,518.42), más los intereses legales, costas y costos del proceso, de manera solidaria por los co-demandados.

4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. Por sentencia de fecha seis de julio de dos mil quince, obrante a fojas mil ciento treinta y nueve, el Cuarto Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia del Callao, ha declarado infundada la demanda. Ello al considerar que se encuentra acreditado que efectivamente Ripley S.A., adquirió un lote de calzado, por el valor de US$ 144,915.14, los que se expresan en cantidades pares por modelo, no señalándose el peso total de la mercancía a embarcarse con destino al Puerto del Callao. El transporte marítimo del Puerto de Singapur al Puerto del Callao de la mencionada carga se acredita con la copia certificada del conocimiento de embarque N° S0510040, en el que se consigna la recepción de los contenedores: NYKU 6213152 / SG5467986 - 40’HQ, FSCU 6661943 / SG5467889 - 40’ HQ y TTNU 4694490 / SG5467859-40’GP, conteniendo dos mil quinientos quince (2515) cajas con un peso bruto total de veinticuatro mil sesenta y cinco punto treinta (24,065.30) kilogramos, conforme lo declarado por el embarcador, realizándose dicho transporte bajo la modalidad FCL/FCL. La nave ANGLIA en que se transportaba el mencionado cargamento arribó al Puerto del Callao con fecha veintitrés de noviembre de dos mil cinco, entendiéndose desestibada la carga en el muelle del Puerto del Callao, no acreditándose en autos cuál fue el peso de la carga  a su paso por la balanza de salida del Terminal Marítimo del Callao rumbo al Terminal de Almacenamiento de IMUPESA, ya que recién el volante de despacho (obrante a folios treinta y uno) emitido el veinticinco de noviembre de dos mil cinco señala haber recibido un neto de veintitrés mil trescientos sesenta (23,360.00) kilogramos, no indicando observaciones en los precintos de los respectivos contenedores pero señalándose la rectificación electrónica del manifiesto de la carga evidenciándose con ello las imprecisiones sobre el peso de la carga; asimismo, debe estarse a que, tanto en el conocimiento de embarque cuya traducción obra de fojas veintisiete, como del volante de despacho señalado, se advierte que existe coincidencia en el número de bultos o cajas, esto es, que tanto en el conocimiento de embarque como del volante de despacho se consigna como carga 2515 unidades empacadas, siendo el término “bultos” uno de carácter genérico, y el de “cajas” de carácter específico, de modo que podemos señalar que sólo nos encontramos frente a una divergencia que no acredita un  verdadero faltante de carga, dado que el número de unidades registradas (cajas o bultos) son coincidentes. Que el Código de Comercio establece que la responsabilidad del transportista  marítimo culmina con la entrega de la mercancía en la orilla o en el  muelle del puerto de descarga de conformidad con el artículo 632  del citado Código de Comercio, esto es, el Puerto del Callao, salvo que se acordara algo distinto; asumiendo el transportista la responsabilidad sólo por el tramo transportado, por lo que no obrando en autos mayor medio probatorio que pruebe de que el  faltante de carga se haya producido dentro del periodo de responsabilidad de los transportistas marítimos, no se ha logrado formar convicción en el Juzgador de que las empresas demandadas tengan responsabilidad solidaria respecto a la carga faltante. En ese sentido, la ocurrencia del siniestro del contenedor NYKU 621315Z fue el día tres de diciembre de dos mil cinco, fecha en que se retira la carga del Terminal de Almacenamiento de IMUPESA; siendo así, debe estarse a que ello constituye precisamente un caso de fuerza mayor, excluyente de responsabilidad, siendo que conforme al artículo 633 del Código de Comercio, no será responsable el capitán (en este caso, el transportista) de los daños al cargamento por causal de fuerza mayor, salvo pacto en contrario, el cual no se ha alegado y menos acreditado; asimismo, de conformidad con el artículo 1156 del Código Civil, si la prestación resulta imposible sin culpa de las partes la obligación queda resuelta, asimismo, de conformidad con el artículo 1431 del Código Civil, en los contratos con prestaciones recíprocas si la prestación deviene imposible sin culpa de las partes, el contrato queda resuelto de pleno derecho, debiendo estarse a que la ocurrencia de un caso fortuito o fuerza mayor que impida la ejecución de las prestaciones a cargo de los deudores, es precisamente, un caso de exoneración de responsabilidad del deudor de la prestación, siendo que debemos estar a lo señalado en el artículo 1315 del Código Civil que conceptúa esta causal de exoneración de responsabilidad señalando que el caso fortuito o fuerza mayor es la causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial tardío o defectuoso.

5. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN. La sentencia de primera instancia es apelada por la demandante MAFRE PERÚ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, mediante escrito obrante a fojas seiscientos cincuenta y seis, alegando que no se ha considerado en la recurrida que el transporte se realizó bajo las condiciones FCL/FCL, y que según la corriente de opinión, es una extensión de responsabilidad del transportista marítimo, en el cual la entrega de la carga se efectúa en el almacén del consignatario, por lo que el juzgador estaba obligado a determinar que el periodo de responsabilidad de las navieras demandadas concluía en el almacén del consignatario, donde la carga no arribó, pues en su trayecto la unidad que lo transportaba fue asaltada y la carga perdida, o fundamentar por qué no aceptaba esa posición. Se reconoce en el considerando undécimo que el término FCL/FCL, es que la responsabilidad de la entrega de la carga es de almacén a almacén, y el reconocimiento de que es un transporte multimodal, en el que, si bien es cierto al emitir el conocimiento de embarque el transportista marítimo es responsable de las pérdidas por todo ese tramo, esto no obsta la responsabilidad de cada una de las empresas involucradas en los diversos tipos de transporte y el derecho de demandar a todas ellas. Con respecto a que se haya exonerado de responsabilidad a IMUPESA por no haber señalado la omisión de algún deber de cuidado o la omisión de alguna conducta riesgosa, el A quo le reconoce que se está ante una responsabilidad contractual, esto es, por el incumplimiento de una obligación nacida de un contrato en el que los demandados como transportistas se obligaron a transportar, custodiar la carga y entregarla en destino en el mismo buen estado recibido, por lo que al haberse perdido la mercadería durante su transporte se reclama en vía de indemnización la inejecución de su obligación contractual por la falta de entrega de la carga, importando señalar que su parte no tiene que demostrar la culpa de los demandados, pues se presume en tanto no se demuestre que su incumplimiento o atraso no le es imputable (caso el caso fortuito o la fuerza mayor). Con la denuncia policial obrante en autos se demostró el robo que sufrieron los codemandados de la carga y la inejecución de su obligación de entrega sobre la carga, lo que determina su responsabilidad. Se ha eximido de responsabilidad a IMUPESA quienes contrataron el transporte terrestre al almacén del asegurado en razón que sería un caso de fuerza mayor al haberse producido la pérdida derivada de un robo, sin analizar las circunstancias de dicho robo.

6. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA.  Mediante la sentencia de vista de fecha veintiocho de abril de dos mil diecisiete, la Sala Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia del Callao, revoca la sentencia de primera instancia de fecha seis de julio de dos mil quince que declara infundada la demanda, y reformándola declara fundada la demanda. Para ello, sostiene que, de la revisión del Volante de Despacho, obrante a folio treinta y uno, se aprecia que la anotación efectuada de: “ **Por rectificación electrónica del manifiesto, sírvase contactar con la naviera”, en puridad importa una anotación para el manifiesto [de carga], teniendo en cuenta que el número de bultos o cajas, que constituyen las mercancías transportadas y anotadas en el conocimiento de embarque expedida por el cargador resulta ser el mismo, esto es, dos mil quinientas quince unidades, con lo consignado como “empaques recib.” en el Volante de Despacho N° 1246650 de folio treinta y uno; sin embargo, conforme al inciso 4) del artículo 3° de las Reglas de la Haya expresadas en el “Convenio Internacional para la unificación de ciertas reglas en materia de conocimiento de embarque suscrito en Bruselas el 25 de agosto de 1924”, referido a los datos que deben de reflejar el conocimiento de embarque éstos se presumen, salvo prueba en contrario de lo recibido por parte del transportador de las mercancías, y que para el caso se traduce en la existencia de una diferencia de peso, pues el transportista marítimo debe entregar las mercancías en el puerto de destino indicado en el conocimiento de embarque, salvo que la entrega y por ende la custodia se extienda hasta el almacén del consignatario conforme a la cláusula contractual indicada en el conocimiento de embarque cuya sigla corresponde a la modalidad operativa FCL/FCL. Que, al invocarse una diferencia en el Volante de Despacho N° 1246650 en el que se indica 23,360.00 kg., respecto al peso consignado en el Conocimiento de Embarque de 24,065.30 Kg., se advierte que la verificación de la carga o mercancía no se hizo de primer momento en el puerto de descarga, sino al ingreso del almacén de IMUPESA donde se advierte un faltante de 705.30 kg., lo que fue consignado en el volante de despacho N° 1246650, importando que la entrega de la mercancía en el muelle del Callao por el transportador (capitán), se hizo sin tomar las medidas que la custodia de la carga le obligaba a mantener al momento de su descargo de conformidad con el artículo 632° del Código de Comercio. En cuanto a que el transporte se efectuó conforme al término FCL/FCL, el apelante ha señalado la existencia de dos corrientes de opinión significando por un lado una modalidad de uso del contenedor y la otra en una extensión de responsabilidad del transportista marítimo; optando para el caso el A Quo por una modalidad de transporte y en la existencia de más de un transportista, agente o representante, y que la responsabilidad del transportista marítimo culminó con la entrega en el muelle del Callao; sin embargo, no se ha tenido en cuenta que de conformidad con el artículo 603° concordante con el primer párrafo del artículo 600° del Código de Comercio, la responsabilidad solidaria del naviero y copropietarios tiene su sustento en la conducta del capitán del buque en aplicación de lo dispuesto por el artículo 1195° del Código Civil, pues está demostrado que la mercancía fue cargada a bordo y estibada en las bodegas del barco (shipped on board), en buen estado en el Puerto de Singapur inicialmente en el buque OOCL THAILAND y transbordados a la nave ANGLIA para ser transportados al puerto del Callao en tres contenedores (NYKU 6213152, ESCU 6661943 y TTNU 4694490 con un peso final de 24,065.30 kg.), siendo entregada al finalizar la travesía con faltantes respecto a su carga original, pues no existió correspondencia entre la mercadería consignada específicamente en el Conocimiento de Embarque N° S0510040 corriente a folio treinta y traducido de folios veintisiete a veintinueve, y el Volante de Despacho N° 1246650 corriente a folio treinta y uno, por lo que resulta de aplicación lo dispuesto por los artículos 600° y 603° del Código de Comercio, sobre responsabilidad del naviero y de los copropietarios del buque. En el conocimiento de embarque de folios treinta, se ha consignado las siglas FCL/ FCL, lo que importa una cláusula contractual que significa, entre otras, que la custodia de la carga por el transportista se extiende hasta el almacén del consignatario, constituyendo un transporte multimodal, el cual está recogido en la Casación N° 898-2012-Callao de fecha veintiséis de abril de dos mil trece, cuya copia obra de folios mil veintiséis a mil treinta y dos, del Tomo III, extendiéndose la responsabilidad de la custodia de la carga según la siglas FCL/FCL hasta la entrega de la mercancía en el almacén del consignatario, pues el faltante inicial del peso y luego la pérdida de uno de los contenedores (según certificado de inspección N° 0861 de folios treinta y tres a treinta y cuatro y la denuncia policial de folios treinta y ocho), cuando se dirigía al almacén del consignatario dado el transporte multimodal determina la responsabilidad solidaria de los demandados por el daño causado. La responsabilidad solidaria de IMUPESA, dado el transporte multimodal, con los demás codemandados tiene su sustento en los artículos 600° y 603° del Código de Comercio concordante con el artículo 1195 del Código Civil, pues éstas atribuyen el carácter solidario de la responsabilidad con el propietario, armador y capitán de la nave; bajo tal contexto, la responsabilidad de IMUPESA que se manifiesta en un cumplimiento defectuoso de sus obligaciones del transporte, en el cuidado y custodia de la mercancía desde que es recibida desde su almacén al almacén de RIPLEY y, que las circunstancias de la desaparición del camión y del semi remolque que contenía la mercancía y demás situaciones es de responsabilidad de IMUPESA y no pretender excusarse de dicha responsabilidad, que en todo caso lo puede repetir a su subcontratista.

III. RECURSO DE CASACIÓN. Esta Sala Suprema, mediante resolución de fecha seis de octubre de dos mil diecisiete, ha declarado procedente el recurso de casación interpuesto la empresa demandada Inversiones Marítimas Universales Perú SA IMUPESA, por las siguientes causales: A) Vulneración a la debida Motivación. Refiere que la Sala motiva de forma aparente las razones que determinan su responsabilidad, sin pronunciarse sobre la ocurrencia o no de los supuestos de caso fortuito lo que fue materia de agravio en la apelación interpuesta por la propia demandante. B) Infracción normativa del artículo 1315 Código Civil. Argumenta que aunque no se cita expresamente, al referirse la Sala al caso fortuito y sus requisitos de procedencia, existía una remisión directa al artículo denunciado, sobre el cual giraba la controversia de exoneración de responsabilidad en lo que correspondía particularmente al recurrente.

IV. MATERIA JURÍDICA EN DEBATELa materia jurídica en discusión se centra en examinar si la sentencia dictada por la Instancia de mérito han cumplido con el estándar de motivación exigido por el derecho al debido proceso; y si al amparar la demanda se ha infringido las normas materiales denunciadas. 

V. FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPREMA1. Según se ha expuesto precedentemente, el recurso de casación objeto de pronunciamiento ha sido declarado procedente en razón a la denuncia de infracciones normativas de carácter in procedendo e in iudicando. En ese sentido, dada la naturaleza y efectos del error in procedendo, este Colegiado emitirá pronunciamiento, en primer término, sobre las primeras denuncias, pues resulta evidente que de ser estimada alguna de ellas, carecería de objeto pronunciarse sobre la causal restante, al encontrarse perjudicada la validez de los actos procesales. Denuncias de carácter procesal 2. La denuncia de carácter procesal contenida en el literal A) está dirigida a sustentar la vulneración del debido proceso, en la sentencia de vista, desde la vertiente del derecho a la motivación. 3. En cuanto al derecho a la motivación, es necesario recordar que su vigencia en nuestro ordenamiento jurídico se encuentra consagrada expresamente por el artículo 139 inciso 5 de la Carta Política; y a través de él se garantiza a las partes involucradas en la controversia el acceso a una respuesta del juzgador que se encuentre adecuadamente sustentada en argumentos que justifiquen lógica y razonablemente, en base a los hechos acreditados en el proceso y al derecho aplicable al caso, la decisión adoptada, y que, además, resulten congruentes con las pretensiones y alegaciones esgrimidas por aquellas dentro de la controversia. 4. Ahora bien, a fin de determinar si un pronunciamiento específico ha cumplido con el deber de motivación, en los términos antes reseñados, conviene recordar que, según lo ha sostenido esta Sala Suprema, “el cumplimiento de este deber no se satisface con la sola expresión escrita de las razones internas o sicológicas que han inclinado al juzgador a decidir la controversia de un modo determinado, sin importar cuáles sean éstas; sino que, por el contrario, exige necesariamente la existencia de una exposición clara y coherente en la sentencia que no solo explique, sino que justifique lógicamente la decisión adoptada, en base a las pruebas y demás hechos acontecidos en el proceso, y en atención a las normas jurídicas aplicables al caso”1. 5. En el presente caso, a partir de la lectura de la resolución impugnada, puede desprenderse que la decisión adoptada por la Sala Civil Permanente del Callao ha sido sustentada esencialmente en base a las siguientes razones: - Ha quedado acreditado que el transporte se efectuó conforme al término FCL/FCL lo que importa una cláusula contractual que significa que la custodia de la carga por el transportista se extiende hasta el almacén del consignatario, constituyendo un transporte multimodal. - Respecto a la responsabilidad solidaria de IMUPESA dado el transporte multimodal con los demás codemandados, ello tiene sustento en los artículos 600 y 603 del Código de Comercio, concordante con el artículo 1195 del Código Civil, pues éstas atribuyen el carácter solidario de la responsabilidad con el propietario, armador y capitán de la nave; en ese sentido se advierte de la denuncia policial de fojas treinta y ocho, que el empleado de IMUPESA reportó la desaparición del camión de Placa N° YD 2684 unidad que salió de la planta del Callao de la empresa IMUPESA acompañado de un vehículo de custodia, siendo dicha mercancía destinada a ser entregada en el almacén del consignatario –Ripley – ubicado en Villa El Salvador, siendo la empresa IMU PESA quien subcontrató a D&V para dicha fin, encontrándose acreditada la responsabilidad de IMUPESA. En virtud a lo expuesto precedentemente, es posible identificar un hilo argumentativo seguido por la Sala Superior para estimar la demanda, el cual puede resumirse esencialmente en los siguientes términos: En cuanto a la justificación interna, entendida como la proposición de las premisas mayor y menor que, deductivamente llevan a una conclusión, la Sala Superior señala como premisa mayor que, en los casos que el transporte de  mercaderías se haya efectuado bajo la modalidad de embarque  FCL/FCL, la responsabilidad del transportista se extiende hasta la  entrega del cargamento en las instalaciones del consignatario. Como premisa menor indica que los demandados transportaron el cargamento bajo la modalidad de embarque FCL/FCL y, en virtud a ello, concluye que la responsabilidad de los demandados se  extiende hasta la entrega de la mercancía en el almacén del  consignatario. En cuanto a la justificación externa, entendida como las razones que demuestran la certeza de cada una de las premisas mayor y menor, la Sala de mérito considera que, en el plano normativo, resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 632º del Código de Comercio, norma que en su parte final regula una excepción a la regla general referida a la responsabilidad del capitán de la nave en caso de pérdida de la mercancía; asimismo, estima que también es aplicable el artículo 1195º del Código Civil, norma que regula la indemnización por daños y perjuicios por inejecución de las obligaciones o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso concordante con los artículos 600 y 603 del Código de Comercio. En el aspecto fáctico, la Sala justifica la premisa menor en que mediante el Conocimiento de Embarque Nº S0510040, obrante a fojas treinta, traducida a fojas veintisiete, se encuentra acreditado que el transporte de la mercancía se ha efectuado bajo la modalidad de embarque FCL/FCL, que significa que la responsabilidad del transportista comienza desde el almacén del proveedor hasta el almacén del consignatario; asimismo, señaló que al ingresar al almacén de IMUPESA se advierte el faltante de 705.30 kg conforme se ha señalado en el volante de despacho N° 1246650, lo cual acredita que la entrega de la mercancía se hizo sin tomar las medidas que la custodia de la carga obligaba a mantener al momento de su descargo de conformidad con el artículo 632 del Código de Comercio. Además, en cuanto a la responsabilidad solidaria de IMUPESA, de acuerdo con la denuncia policial de fojas treinta y ocho, fue el empleado de IMUPESA quien reportó la desaparición del camión de Placa N° YD 2684 unidad que salió de la planta del Callao de la empresa IMUPESA acompañado de un vehículo de custodia, siendo dicha mercancía destinada a ser entregada en el almacén del consignatario –Ripley – ubicado en Villa El Salvador, habiendo sido la empresa IMUPESA quien subcontrató a D&V para dicho fin, encontrándose acreditada la responsabilidad de IMUPESA. 6. De lo hasta aquí expuesto, se puede concluir que la Sala Superior ha sido escrupulosa al expresar la justificación tanto interna y externa de la decisión impugnada, en base al material probatorio aportado al proceso y el análisis de las normas jurídicas y hechos sometidos a controversia; en tal virtud, ha cumplido con su deber de motivar debidamente la sentencia recurrida en casación, tal como lo exige el artículo 139º, inciso 5, de la Constitución Política del Estado y, por ello, no resulta atendible la infracción propuesta en el acápite a). Denuncias de carácter material 7. En cuanto a la denuncia de carácter material por infracción al artículo 1315 del Código Civil, propuesta por la parte recurrente, refiere que aunque no se cita expresamente, al referirse la Sala al caso fortuito y sus requisitos de procedencia, existía una remisión directa al artículo denunciado, sobre el cual giraba la controversia de exoneración de responsabilidad en lo que correspondía particularmente al recurrente. 8. Respecto a lo alegado por la casacionista, este Supremo Tribunal debe señalar que mediante la presente denuncia, se pretende nuevamente controvertir la responsabilidad solidaria que tienen los demandados en los hechos denunciados, empero, dicha cuestión ha quedado plenamente acreditada de conformidad con los artículos 600° y 603° del Código de Comercio concordante con el artículo 1195 del Código Civil, pues éstas atribuyen el carácter solidario de la responsabilidad con el propietario, armador y capitán de la nave; ello por cuanto de los actuados se ha acreditado con la denuncia policial de fojas treinta y ocho, que, con fecha tres de diciembre de dos mil cinco, el empleado de seguridad de IMUPESA, Adolfo Arturo Chirinos Calderón, reportó la desaparición del camión de placa N° YD-2684, con semi remolque de placa N° ZD-2154 que contenía en su interior zapatillas y sandalias (aproximado 792 cajas), unidad que salió de la planta del Callao de la empresa IMUPESA, acompañado del vehículo de placa de rodaje RQ-6263 como custodia a cargo de Raúl Hurtado; siendo dicha mercancía destinada para ser entregada en el almacén del consignatario conforme concuerda con el conocimiento de embarque (Ripley), ubicado en Villa “El Salvador”; habiendo IMUPESA subcontratado para dicho fin a la empresa “D & V”; por lo que se concluye la responsabilidad de IMUPESA en el cumplimiento defectuoso de sus obligaciones del transporte, en el cuidado y custodia de la mercancía desde que es recibida desde su almacén al almacén de Ripley y, que las circunstancias de la desaparición del camión y del semi remolque que contenía la mercancía, no constituye en caso alguno un supuesto de caso fortuito. VI. DECISIÓN: A) Por estas consideraciones, y de conformidad con el artículo 397 del Código Procesal Civil: Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la empresa demandada Inversiones Marítimas Universales Perú SA IMUPESA, a fojas mil doscientos cincuenta y ocho, contra la sentencia de vista de fecha veintiocho de abril de dos mil diecisiete, obrante a fojas mil doscientos veintiuno, corregida mediante resolución de fecha diecinueve de junio de dos mil diecisiete, obrante a fojas mil doscientos cincuenta y uno, que revoca la sentencia apelada de fecha seis de julio de dos mil quince, obrante a fojas mil ciento treinta y nueve, que declara infundada la demanda; y reformándola declara fundada la demanda de obligación de dar suma de dinero. B) DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario oficial "El Peruano"; bajo responsabilidad; en los seguidos por MAPFRE PERU Compañía de Seguros y Reaseguros con IMUPESA y otros, sobre demanda de obligación de dar suma de dinero; y los devolvieron. Por vacaciones del señor Juez supremo Távara Córdova, integra esta Sala Suprema la señora Jueza Suprema Céspedes Cabala. Por licencia del señor Juez Supremo Hurtado Reyes, integra esta Sala Suprema el señor Juez Supremo De La Barra Barreda. Interviene como ponente el señor Juez Supremo Salazar Lizárraga. SS. HUAMANI LLAMAS, SALAZAR LIZÁRRAGA, CALDERÓN PUERTAS, DE LA BARRA BARRERA, CÉSPEDES CABALA.

1 Casación Nº 6910-2015, del 18 de agosto de 2015.

C-1886906-11

Publicado 5 de octubre de 2020 

Página 32

Fuente: Juriscivil

Bol Nº 2137 

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