Accidente de tránsito dentro de una fábrica

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14 de febrero de 2020


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Accidente de tránsito dentro de una fábrica

Este boletín versa sobre una indemnización por daños y perjuicios, que fuera tratada por la Casación N° 1665-2016 ICA, la cual resuelve una mala motivación.
No se efectuó una disquisición para establecer cuándo se da un accidente de tránsito y cuándo se produce un accidente de trabajo.
El accidente es considerado como uno de naturaleza contractual (Por normas laborales) y también  es de naturaleza extracontractual (Por normas de accidente de tránsito).
 
Resumen
 
 “…De lo antes anotado, efectuada la revisión de autos y análisis de la resolución materia del recurso de casación, esta Sala Suprema colige que la misma incurre en causal de nulidad. Puesto que, el razonamiento efectuado contiene un sustento incoherente, y si bien el Ad quem, por un lado de termina la existencia de una responsabilidad en la persona de los demandados – Corporación Siderúrgica Sociedad Anónima, Inversiones JC Ramos Empresa Individual de Responsabilidad Limitada y Crispín Alzamora Medina- en base a los supuestos contenidos en el Decreto Supremo 009-2005-TR así como de la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 005-2012-TR, como una de naturaleza contractual, porque el accidente se produjo dentro de las instalaciones de Corporación Siderúrgica Sociedad Anónima, por otro lado concluye que la responsabilidad materia de análisis es de naturaleza extracontractual donde sólo deben responder por el daño ocasionado Inversiones JC Ramos Empresa Individual de Responsabilidad Limitada y Crispín Alzamora Medina, más no Corporación Siderúrgica Sociedad Anónima, decisión que no sólo afecta el principio probatorio regulado por el artículo 197 del Título Preliminar del Código Procesal Civil, sino también los lineamientos previstos por el artículo 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Perú, por haber generado una resolución carente de sustento lógico. Asimismo, hay afectación al debido proceso, toda vez que el órgano de mérito, pese a que aplica los lineamientos previstos por la Ley Nº 27181 que regula la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 033-2001-MTC, concordante con el artículo 5 del Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios y el Decreto Supremo Nº 024-2002-MTC, no efectúa una adecuada valoración de los medios probatorios a fin de determinar si queda o no acreditada la concurrencia de los supuestos para establecer si corresponde atribuir la responsabilidad contractual o no a los emplazados, ni mucho menos se efectúa una disquisición para establecer cuando se da un accidente de tránsito y cuando se produce un accidente de trabajo y en mérito a ellas como debe configurarse el factor de atribución para resarcirse el daño producido por la conducta antijurídica atribuida  …”
 
 “…el Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo regulado por el Decreto Supremo Nº 005-2012-TR en su artículo I del Título Preliminar que por el principio de prevención el empleador garantiza en el centro de trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que protegen la vida, salud y el bienestar de los trabajadores y de aquellos que no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito de su centro de labores. Debe considerar factores sociales, laborales y biológicos, diferenciados en función del sexo, incorporando la dimensión de género en la evaluación y prevención de los riesgos en la salud laboral. Mientras el artículo II del acotado cuerpo legal, establece que por el principio de responsabilidad, el empleador asume las implicancias económicas, legales y de cualquier otra índole, a consecuencia de un accidente o enfermedad que sufra el trabajador en el desempeño de sus funciones o a consecuencia de él conforme a las normas vigentes. -   …”

CAS. Nº 1665-2016 ICA
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS SUMILLA: “Incurre en causal de nulidad. Puesto, que el razonamiento efectuado contiene un sustento incoherente. Y, si bien el Ad quem, por un lado determina la existencia de una responsabilidad en la persona de los demandados – Siderúrgica SA, Inversiones J.C Ramos E.I.R.L y Crispín Alzamora Medina- en base a los supuestos contenidos en el Decreto Supremo 009-2005-TR así como de la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N 005-2012-TR, como una de naturaleza contractual, porque el accidente se produjo dentro de las instalaciones de Siderúrgica, por otro lado concluye que la responsabilidad materia de análisis es de naturaleza extracontractual donde sólo deben responder por el daño ocasionado Inversiones J.C Ramos E.I.R.L y Crispín Alzamora Medina, más no Siderúrgica, decisión que no sólo afecta el principio probatorio regulado por el Artículo 197º del Título Preliminar del Código Procesal Civil, sino también los lineamientos previstos por el Artículo 139º incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Perú, por haber generado una resolución carente de sustento lógico. Asimismo, hay afectación al debido proceso, toda vez que el órgano de mérito, pese a que aplica los lineamientos previstos por la Ley Nº 27181 que regula la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, el Artículo 2º del Decreto Supremo Nº 033-2001-MTC, concordante con el Artículo 5º del Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios y el Decreto Supremo Nº 024-2002-MTC- no efectúa una adecuada valoración de los medios probatorios a fin de determinar si quedan o no acreditados la concurrencia de los supuestos para establecer si corresponde atribuir la responsabilidad contractual o no a los emplazados, ni mucho menos se efectúa una disquisición para establecer cuando se da un accidente de tránsito y cuando se produce un accidente de trabajo y en mérito a ellas como debe configurarse el factor de atribución para resarcirse el daño producido por la conducta antijurídica atribuida”. Lima, diecisiete de abril de dos mil diecisiete.-

LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; con el acompañado; vista en audiencia pública de la presente fecha la causa número mil seiscientos sesenta y cinco - dos mil dieciséis; y, producida la votación conforme a ley, se procede a emitir la siguiente sentencia. –

I. MATERIA DEL RECURSO: - Se trata del recurso del recurso de casación interpuesto por María Zevallos Huamantumba viuda de Chávez, contra la Sentencia de Vista, expedida por la Sala Mixta de Pisco de la Corte Superior de Justicia de Ica que confirma la decisión impugnada que declara infundada la demanda sobre responsabilidad extracontractual en contra de la Empresa Corporación Siderúrgica Sociedad Anónima y la Unión Seguros y Reaseguros. Asimismo declara fundada en parte la demanda sobre responsabilidad extracontractual, en contra de Crispín Alzamora Medina y la Empresa Inversiones JC Ramos Empresa Individual de Responsabilidad Limitada y ordena que los
indicados demandados paguen a la demandante en forma solidaria, la suma ascendente a doscientos cinco mil soles (S/ 205,000.00) (con deducción del monto indemnizatorio fijado en el expediente penal), por concepto de indemnización por daños y perjuicios – daño a la persona– proyecto de vida y lucro cesante- dentro del término de seis días; e, improcedente, la demanda en cuanto se peticiona indemnización a favor de sus hijos, por ser mayores de edad. –
 
II. FUNDAMENTOS DEL RECURSO: - Esta Sala Suprema Civil Transitoria mediante resolución de fecha dieciséis de junio de dos mil dieciséis, declaró la procedencia del recurso de casación por las siguientes causales: a) Infracción normativa del artículo 61 del Decreto Supremo Nº 009-2005-TR - Reglamento de la Ley Nº 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo; sostiene que la Sala Superior, al confirmar la decisión impugnada, incurre en error, porque inobservando que su pretensión se sustenta en una responsabilidad extracontractual, determina que el factor de atribución, se encuentra acreditado con el daño que Corporación Siderúrgica Sociedad Anónima causó a Crispín Alzamora Medina, quien era trabajador de la empresa Inversiones JC Ramos Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, y, si bien de los considerandos 6.9 y 6.10 se menciona claramente los dispositivos legales aplicables al caso concreto y en donde la propia norma establece la responsabilidad de la empresa titular, esto es, Corporación Siderúrgica Sociedad Anónima, inexplicablemente inaplica la norma de derecho material, para establecer que la responsabilidad no le alcanza. Refiere también, que no se tomó en cuenta los alcances regulados en la norma materia de denuncia, la misma que se encontraba vigente a la fecha de los hechos, pues, como se señaló la misma prescribía una serie de normas destinadas a prevenir los riegos laborales y para acreditar la responsabilidad de la Corporación acotada, bastaba con verificar si el accidente fue propiciado por un tercerista -sentenciado en el presente caso- ya que este se encontraba laborando el día de los hechos dentro de las instalaciones y porque ésta tenía el deber de velar por la seguridad de los trabajadores, en ese contexto debió establecerse la responsabilidad a la empresa codemandada, quien no cumplió con brindar las medidas de seguridad a fin de evitar el accidente fatal, más aún si del expediente penal, se determinó que en mérito a las falencias y a la poca iluminación, como el hecho de que la pista se encontraba deteriorada con huecos, produjo el accidente, siendo evidente la inaplicación de la norma; y, b) Infracción normativa del Artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Perú, a fin de verificar si se ha cautelado el debido proceso. –
 
III. CONSIDERANDO: - PRIMERO.- Habiendo declarado este Supremo Tribunal, procedente en el recurso de casación, sólo por el inciso 3) del artículo 139º de la Constitución Política del Perú, resulta pertinente que el examen de la resolución recurrida también se efectúe bajo los alcances que el inciso 5) de la Carta Magna prevé, por cuanto desde dicha óptica y acorde a lo regulado por los artículos 50 inciso 6 del Código Procesal Civil y 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial los magistrados tienen la obligación de fundamentar los autos y las sentencias bajo sanción de nulidad respetando los principios de jerarquía de las normas y el de congruencia. - SEGUNDO.- Si bien, en el proceso judicial, debe haber una exacta relación o correspondencia (concordancia) entre la pretensión del actor, la oposición del demandado, los elementos de prueba válidamente recolectados e incorporados y la decisión del Tribunal lo cual se conoce como “congruencia” -principio normativo que limita las facultades resolutorias del juez- no es menos cierto, que debe existir identidad entre lo resuelto y controvertido oportunamente por los litigantes en relación a los poderes atribuidos en cada caso al órgano jurisdiccional por el ordenamiento jurídico, y, es en ese sentido, que la motivación de las resoluciones judiciales, constituye una garantía constitucional que asegura la publicidad de las razones que los jueces tuvieron en cuenta para pronunciar sus sentencias resguardando a los particulares y a la colectividad de las decisiones arbitrarias. - TERCERO.- Previamente a resolver resulta necesario efectuar un recuento del decurso del proceso, observándose lo siguiente: Del Escrito de demanda obrante a fojas ciento setenta y ocho María Zevallos Huamantumba pretende que la Corporación Siderúrgica Sociedad Anónima, Crispín Alzamora Medina e Inversiones JC Ramos Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, cumplan con indemnizarla con la suma de trescientos mil soles (S/ 300,000.00) por responsabilidad civil extracontractual por los daños y perjuicios ocasionados a la recurrente e hijos por la muerte de Pedro Alfonso Chávez Risco ocurrido el dos de marzo de dos mil nueve en las instalaciones de la empresa Siderúrgica Sociedad Anónima. - CUARTO.- El Juez del Juzgado Especializado en lo Civil de Pisco de la Corte Superior de Justicia de Ica, mediante sentencia de primera instancia de fecha veintiocho de octubre de dos mil catorce, declaró infundada la demanda por responsabilidad civil extracontractual en contra de la Corporación Siderúrgica Sociedad Anónima y La Unión Seguros y Reaseguros; y, fundada en parte la misma contra Crispín Alzamora Medina e Inversiones JC Ramos Empresa Individual de Responsabilidad Limitada y ordenó que en forma solidaria cumplan con pagar la suma de doscientos cinco mil soles (S/ 205,000.00) por responsabilidad civil extracontractual -deducidos del monto fijado en el expediente penal- daño a la persona y proyecto de vida y lucro cesante; e improcedente en cuanto se peticiona indemnización a favor de los hijos por ser mayores de edad. - QUINTO.- Impugnada que fue dicha decisión la Sala Mixta de Pisco de la Corte Superior de Justicia de Ica mediante Sentencia de Vista de fecha dos de julio de dos mil quince confirmó el acotado fallo al considerar lo siguiente: la relación jurídica existente entre Pedro Alfonso Chávez Risco y la co-demandada Corporación Siderúrgica Sociedad Anónima, es una de naturaleza contractual, toda vez que el primero resulta ser trabajador de la segunda, lo cual no fue objeto de pretensión o cuestionamiento por parte de la demandante. Asimismo, se determinó que la Corporación Siderúrgica Sociedad Anónima, con lo previsto por el Decreto Supremo Nº 009-2005-TR “Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo” -norma que en la actualidad no se encontraba vigente- por haber sido derogada por la Décima Cuarta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo Nº 005-2012-TR -publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el día veinticinco de abril del dos mil doce- y que las disposiciones previstas por los artículos II y III del Título Preliminar del acotado ordenamiento legal así como el artículo 37 de dicho cuerpo legal, también fue incumplida por Crispín Alzamora Medina, chofer del vehículo de la empresa Inversiones JC Ramos Empresa Individual de Responsabilidad Limitada para quien se encontraba trabajando de manera directa el día de los hechos -dos de marzo del dos mil nueve-. Conforme a lo vertido en el expediente penal número 2009- 139 sobre homicidio culposo, se ha establecido que los hechos se produjeron en los interiores de las instalaciones de la Corporación Siderúrgica Sociedad Anónima, configurando una inactividad u omisión propia de la relación jurídica entre Pedro Alfonso Chávez Risco y su empleadora, la Corporación Siderúrgica Sociedad Anónima, estando esta última obligada a cumplir las exigencias establecidas por el Decreto Supremo Nº 009-2005-TR, obligación de carácter legal que intrínsecamente forma parte del contenido de las obligaciones del contrato de trabajo, suscrito entre dichas partes. En ese sentido, se concluyó que nos encontramos frente a una responsabilidad de carácter contractual laboral, por haberle imputado la accionante a la emplazada Corporación Siderúrgica Sociedad Anónima, deficiencias en el lugar en el que se produce el evento. Sin embargo, como se indicó en las consideraciones anteriores, el presente proceso es uno de responsabilidad extracontractual y no contractual. En ese sentido, respecto a la responsabilidad extracontractual atribuida a Siderúrgica Sociedad Anónima, se colige que no se advierte la acreditación del factor de atribución en cuanto a dicha co-demandada y si bien en autos se encontraba acreditado el daño y la conducta antijurídica desarrollada por Crispín Alzamora Medina, quien era trabajador –dependiente- de la empresa Inversiones JC Ramos Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, más no para la Corporación Siderúrgica Sociedad Anónima, también lo es que no existe un factor de atribución directo (y en la forma planteada) por la cual ésta última co-demandada deba responder a título de una responsabilidad civil extra-contractual, debiendo hacerse efectivo la sanción establecida en el artículo 200 del Código Procesal Civil. Sobre la responsabilidad atribuida a Corporación Siderúrgica Sociedad Anónima que tuvo lugar el dos de marzo de dos mil nueve en el que perdiera la vida el causante de la actora, debe indicarse que éste se produjo por accidente de tránsito, hecho ocurrido en el interior de la empresa demandada, no resultando competencia del Juez civil. A mayor abundamiento, del expediente penal acompañado, es claro que los hechos se producen por una conducta negligente de Crispín Alzamora Medina quien laboraba para la empresa Inversiones JC Ramos Empresa Individual de Responsabilidad Limitada la misma que era propietaria del vehículo con placa de rodaje YH-1320, y que la tolva de propiedad de la demandada Corporación Siderúrgica Sociedad Anónima, era una caja de base rectangular abierta en su parte posterior, destinada a almacenar materiales, con un eje posterior, diseño que le permitía ser arrastrado por el tracto camión al ser enganchado, por lo que tal aditamento era un accesorio que incluso no estaba sujeto a registro y placa. - SEXTO.- Sobre lo anotado, resulta menester indicar que la responsabilidad civil, implica asignar a determinada persona la asunción del pago indemnizatorio como consecuencia de un daño o perjuicio generado, la cual debe disponerse según el ámbito causado, ya sea contractual –regulado por los artículos 1321º y 1322º del Código Civil, que señala que queda sujeto a indemnización quien no ejecuta sus obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa leve. El daño moral cuando, él se hubiera irrogado es susceptible de resarcimiento o extracontractual (previstos por los artículos 1969º y 1984º del Código Civil, que prevén que aquél que por dolo o culpa causa un daño a otro, está obligado a indemnizarlo. El descargo por falta de dolo o culpa corresponde a su autor. Mientras que el daño moral es indemnizado considerando su magnitud y menoscabo producido a la víctima o a su familia). - SÉTIMO.- En cuanto a la responsabilidad contractual, la doctrina encuentra su fundamento en la sujeción del deudor al programa obligacional, en el cumplimiento de reglas y condiciones establecidas de común acuerdo (o quizás reguladas supletoriamente en la ley) que deberá observar para satisfacer el interés del acreedor; en la necesaria
adopción de todas las medidas posibles para garantizar y llevar a cabo la ejecución de la prestación en los términos queridos por el acreedor (no basta la simple diligencia, hay inherentes deberes de protección y previsión en el accionar del deudor). Así pues, la violación de dichos deberes, el incumplimiento de la prestación y, por lo tanto, la insatisfacción del interés del acreedor, es el sustento para la procuración de un resarcimiento a cargo del deudor. En definitiva, “...el deber de indemnizar deriva de otro deber, el deber de cumplir, que ha sido infringido”1. - OCTAVO.- Respecto a la responsabilidad extracontractual la doctrina, señala que la misma se da cuando el contenido ilícito viola la norma general que prohíbe penetrar en la esfera jurídica de otro, o bien el deber genérico, frente a todos, del neminen laedere; el daño extracontractual no presupone la existencia de ningún vínculo especial, por lo que sólo producido el daño surge una relación jurídica entre responsable y perjudicado. Es pues a todas luces evidente que el sustento fundamental de la responsabilidad extracontractual está en la verificación de un hecho dañoso en la esfera del perjudicado o, si se quiere la víctima, al margen de la secundaria consideración respecto a la ilicitud de dicho hecho. Todo daño es resarcible, aún el no patrimonial, en la medida en que sea resultado de un ataque a un interés que ante el Derecho deba juzgarse digno de protección. En otras palabras, todo daño derivado de un acto generador de responsabilidad civil extracontractual es de suyo indemnizable2. - NOVENO.- El Decreto Supremo Nº 009-2005-TR en su artículo 39 establece que el empleador entre otras cosas tiene las obligaciones de: Inciso a) garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en el desempeño en todos los aspectos relacionados con la labor, en el centro de trabajo con ocasión del mismo. Igualmente el artículo 40 de dicho ordenamiento legal, establece que el empleador debe aplicar las siguientes medidas de prevención de los riesgos laborales, inciso b): El diseño de los puestos de trabajo, ambientes de trabajo, la selección de equipos y métodos de trabajo, la atenuación de trabajo monótono y repetitivo, deben estar orientadas a garantizar la salud y seguridad del trabajador. - DÉCIMO.- Por su parte El Decreto supremo Nº 0 1 9-2006-TR, en su artículo 27.9, señala que son infracciones graves los incumplimientos de las disposiciones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo, en particular en materia de lugares de trabajo, herramientas, máquinas y equipos, agentes físicos, químicos y biológicos, riesgos ergonómicos y psicosociales, medidas de protección colectiva, equipos de protección personal, señalización de seguridad, etiquetado y envasado de sustancias peligrosas, almacenamientos, servicios o medidas de higiene personal de los que se derive un riesgo grave para la seguridad o salud de lis trabajadores. - DÉCIMO PRIMERO.- Asimismo, el Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo regulado por el Decreto Supremo Nº 005-2012-TR en su artículo I del Título Preliminar que por el principio de prevención el empleador garantiza en el centro de trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que protegen la vida, salud y el bienestar de los trabajadores y de aquellos que no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito de su centro de labores. Debe considerar factores sociales, laborales y biológicos, diferenciados en función del sexo, incorporando la dimensión de género en la evaluación y prevención de los riesgos en la salud laboral. Mientras el artículo II del acotado cuerpo legal, establece que por el principio de responsabilidad, el empleador asume las implicancias económicas, legales y de cualquier otra índole, a consecuencia de un accidente o enfermedad que sufra el trabajador en el desempeño de sus funciones o a consecuencia de él conforme a las normas vigentes. - DÉCIMO SEGUNDO.- Ahora, debe tenerse en cuenta que acorde a lo definido por la Ley Nº 27181 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, así como por el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 033-2001-MTC, concordante con el artículo 5 del Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito regulados por el Decreto Supremo Nº 024-2002-MTC, prevé que para los fines del presente Reglamento se entenderá por: Accidente de tránsito al evento súbito, imprevisto y violento (incluyendo incendio y acto terrorista) en el que participa un vehículo automotor en marcha o en reposo en la vía de uso público, causando daño a las personas, sean ocupantes o terceros no ocupantes de vehículo automotor, que pueda ser determinado de una manera cierta. En ese sentido la doctrina también entiende al accidente de tránsito como el suceso impremeditado, casual, no intencional y a la vez previsible, que ocurre en una vía de circulación y en el que intervienen los elementos de tránsito, con por lo menos un vehículo en movimiento y como resultado del mismo se producen lesiones en las personas y daños a la propiedad. - DÉCIMO TERCERO.- De lo antes anotado, efectuada la revisión de autos y análisis de la resolución materia del recurso de casación, esta Sala Suprema colige que la misma incurre en causal de nulidad. Puesto que, el razonamiento efectuado contiene un sustento incoherente, y si bien el Ad quem, por un lado determina la existencia de una responsabilidad en la persona de los demandados –Corporación Siderúrgica Sociedad Anónima, Inversiones JC Ramos Empresa Individual de Responsabilidad Limitada y Crispín Alzamora Medina- en base a los supuestos contenidos en el Decreto Supremo 009-2005-TR así como de la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 005-2012-TR, como una de naturaleza contractual, porque el accidente se produjo dentro de las instalaciones de Corporación Siderúrgica Sociedad Anónima, por otro lado concluye que la responsabilidad materia de análisis es de naturaleza extracontractual donde sólo deben responder por el daño ocasionado Inversiones JC Ramos Empresa Individual de Responsabilidad Limitada y Crispín Alzamora Medina, más no Corporación Siderúrgica Sociedad Anónima, decisión que no sólo afecta el principio probatorio regulado por el artículo 197 del Título Preliminar del Código Procesal Civil, sino también los lineamientos previstos por el artículo 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Perú, por haber generado una resolución carente de sustento lógico. Asimismo, hay afectación al debido proceso, toda vez que el órgano de mérito, pese a que aplica los lineamientos previstos por la Ley Nº 27181 que regula la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 033-2001-MTC, concordante con el artículo 5 del Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios y el Decreto Supremo Nº 024-2002-MTC, no efectúa una adecuada valoración de los medios probatorios a fin de determinar si queda o no acreditada la concurrencia de los supuestos para establecer si corresponde atribuir la responsabilidad contractual o no a los emplazados, ni mucho menos se efectúa una disquisición para establecer cuando se da un accidente de tránsito y cuando se produce un accidente de trabajo y en mérito a ellas como debe configurarse el factor de atribución para resarcirse el daño producido por la conducta antijurídica atribuida. En ese entendido, el recurso de casación debe ampararse y disponer que el órgano superior cumpla con expedir nuevo pronunciamiento atendiendo a las consideraciones expuestas. Careciendo de objeto emitir pronunciamiento respecto a la infracción de carácter material. - Fundamentos por los cuales, y en aplicación de lo regulado por el artículo 396 inciso 1 del Código Procesal Civil, declararon:
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por María Zevallos Huamantumba viuda de Chávez; CASARON la Sentencia de Vista, expedida por la Sala Mixta de Pisco de la Corte Superior de Justicia de Ica; en consecuencia NULA la misma; ORDENARON que la Sala Superior emita nuevo pronunciamiento atendiendo a las consideraciones expuestas en la presente resolución; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” bajo responsabilidad; en los seguidos por María Zevallos Huamantumba Viuda de Chávez con Corporación Sociedad Anónima y otros sobre Indemnización por Daños y Perjuicios; y los devolvieron. Integra esta Sala el Juez Supremo Señor Sánchez Melgarejo por licencia del Juez Supremo Señor Mendoza Ramírez. Ponente Señora Cabello Matamala, Jueza Suprema.- S.S. ROMERO DÍAZ, CABELLO MATAMALA, MIRANDA MOLINA, DE LA BARRA BARRERA, SÁNCHEZ MELGAREJO.

1 León, Rómulo Morales Hervias y Eric Palacios Martínez, Directores. Editora
Jurídica Grijley. Lima 2004. Pág 583 y ss. 23. tomado de la Tesis “La culpa in Contrahendo y la Responsabilidad precontractual en el Código Civil, presentado por Luis Fernando Ojeda Guillén. Pontificia Universidad Católica del Perú.
2 Alpa, Guido. “Responsabilidad Civil y Daños. Lineamientos y cuestiones.” Traducción del italiano a cura de Juan Espinoza Espinoza. Editorial Gaceta Jurídica. Lima 2001. Pág.56. 26
C-1 672832-46
Fuente: www.juriscivil.com

Atentos saludos,

Carlos Peralta
Herrera DKP SRL Ajustadores y Peritos de Seguros
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